La autodeterminación para desarrollar una personalidad y una vida digna tiene implicaciones éticas profundas y, ahora, sustento legal dentro de la incipiente Constitución de nuestra Ciudad.

 

Por: Patricio Santillán Doherty

 

El Colegio de Bioética, A. C. es una asociación formada por académicos expertos en sus respectivos campos de conocimiento, multidisciplinaria, laica, no lucrativa y no gubernamental, que tiene por objeto promover, sistematizar, difundir e impulsar todo tipo de reflexiones, estudios e investigaciones que promuevan el desarrollo de la bioética. Nuestro interés estriba en generar un espacio de reflexión bioética que atraviese alguna de nuestras cinco directrices generales: el comienzo de la vida humana, el final de la vida humana, la calidad de la vida humana, la ética de nuestra relación con el medio ambiente y la ética de la investigación científica.

Esta concepción es compartida por muchos grupos de reflexión a nivel internacional y nacional y el Programa Universitario de Bioética de la UNAM ha adoptado una visión similar como eje de la conformación académica de sus actividades de investigación, enseñanza y difusión de los problemas contemporáneos de bioética que desarrolla.

Entendemos la importancia de establecer marcos conceptuales incluyentes que sirvan de base para una posible ética civil que sea útil para nuestra sociedad al reconocer la existencia de una pluralidad moral dentro de ella, la no confesionalidad de la vida social y la posibilidad de una reflexión ética racional. Tomando esto en cuenta, tanto el ColBio como el PUB consideran que la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede ayudar a constituir esa base conceptual de nuestra “ética civil”.

Es por esto que seguimos con especial interés los trabajos que realiza la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, de manera especial aquellos que ha desarrollado la Comisión de Carta de Derechos, la cual ha mostrado una sensibilidad especial hacia esa concepción de ética civil al considerar los Derechos Humanos como sustento de sus consideraciones constitucionales para nuestra Ciudad.

De los artículos aprobados hasta ahora, destaca aquel que reconoce la naturaleza intercultural, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad (Artículo 2); éste se complementa con las consideraciones generales de interpretación y aplicación de los derechos humanos donde, además de protegerlos, establece los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad de los mismos (Artículo 9). Considera además que nuestra Ciudad debe garantizar los derechos establecidos en ella de manera progresiva, exigible y justiciable (Artículo 10).

De manera relevante, el Artículo 11 aprobado en la sesión del 4 de enero de este año establece como primer precepto el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad de lo que deriva que cada uno de nosotros podamos ejercer nuestras capacidades para vivir con dignidad. Un detalle importante de este artículo es el de considerar que una vida humana se sustenta en la autodeterminación que pueda ejercer y la dignidad con la que logre desarrollar su vida de acuerdo con su propia concepción de la misma hasta su final (incluyendo el proceso que se dé en este momento trascendental). Parece un acierto especificar en dicho artículo que una vida digna inherentemente conlleva el derecho a una muerte digna; en otras palabras, decidir (en ejercicio de la autodeterminación), cómo y cuándo debe ser el final de una vida.

Existen posturas encontradas al respecto ya que una vida con sufrimiento puede al mismo tiempo ser considerada como indigna de vivirse o bien ser fuente de dignidad. Reflexionar sobre estas dos posiciones es algo que cada persona debe hacer (como expone Asunción Álvarez recientemente). El artículo 11 da la capacidad a todas las personas de adoptar una postura sobre qué queremos para la etapa final de nuestras vidas: ¿Evitar sufrimientos innecesarios? ¿Aceptar o rechazar tratamientos? ¿Suspender o no iniciar tratamientos fútiles? ¿Donar órganos para trasplante? ¿Solicitar el adelanto en la terminación de una vida mediante el acceso a la eutanasia o el suicidio asistido? Todas estas preguntas tienen sustento ético actualmente. Todas, excepto la última, tienen respuesta legal, aun sin una nueva Constitución. El concepto de progresividad devendrá en que poco a poco vayamos estableciendo los mecanismos mediante los cuales derechos establecidos pero aún no mecanizados o instrumentados se conviertan en posibilidades a ejercer para todos los ciudadanos, y no limitar a la sociedad con visiones excluyentes. Vale la pena resaltar que la recientemente publicada encuesta nacional por el derecho a morir con dignidad-2016 reporta que un 68 % de la población piensa que un paciente que se encuentra en la fase terminal de su enfermedad con un sufrimiento que ya no puede evitar debe tener la opción de decidir adelantar su muerte (Asociación por un Derecho a Morir con Dignidad).

El artículo 11 también establece la base mediante la cual las mujeres mantienen derechos inherentes a ellas en ejercicio de su autodeterminación y al desarrollo de una vida digna. Sin duda el debate parlamentario para la creación de una nueva Constitución genera un choque de visiones, pero pretender no respetar los avances en derechos reproductivos logrados en la capital desde que aún era Distrito Federal, y hacerlos sujeto de negociación política, traería como consecuencia la inconstitucionalidad de una Ley Suprema que apenas comienza a discutirse y que aún se encuentra en espera de su inminente aprobación. Algunos grupos intentan revertir esto maniobrando la introducción de su visión dogmática.

Preocupa que el debate se contamine con negociaciones partidarias que pretenden introducir conceptos dogmáticos que relacionan el ejercicio de los derechos y su defensa a partir de un momento en que se establece una reconstitución cromosómica. Esta es una visión moral que puede ser aceptable para una parte de la sociedad, pero no hay sustento ético que justifique imponerla en aquella parte que no la comparte. En todo el país existe desde hace más de treinta años una normatividad que le obliga ofrecer métodos variados de anticoncepción a la población. Por otro lado, hace diez años el entonces Distrito Federal dirimió el asunto y aprobó modificaciones a la ley que permiten a las mujeres interrumpir un embarazo, programa que ha resultado un paradigma positivo en su ejecución.

Es importante considerar que el concepto de no regresividad adoptado por la Comisión de Carta de Derechos es internacional y significa que los Estados (en este caso la Ciudad de México), no pueden dar marcha atrás en los niveles alcanzados de satisfacción de los derechos. Además, la obligación de progresividad (que constituye un parámetro para examinar las medidas adoptadas por los poderes Legislativo y Ejecutivo en relación con los derechos sociales), puede ser una forma de carácter sustantivo a través de la cual los tribunales analizan y determinan la inconstitucionalidad de ciertas leyes o políticas públicas.

Finalmente, el principio bioético de justicia establece una distribución justa y equitativa que garantice una oportunidad de acceso a derechos establecidos. La Constitución que se va conformando toma en cuenta este precepto ético al incluir en el Artículo 16, titulado Ciudad Incluyente, consideraciones para grupos de personas que sufren situaciones de desigualdad estructural y enfrentan discriminación, exclusión, abuso y violencia que generan obstáculos de acceso a sus derechos con riesgo de vulneración consciente o inconsciente de los mismos. Los grupos contemplados incluyen mujeres, niñas-niños-adolescentes, edad avanzada, discapacidad, raza, situación social/legal, y otras minorías como la comunidad LGBTTTGI. El objeto es respetar que aquellos derechos establecidos sean efectivamente para todos y no solo para una supuesta mayoría; un ejemplo paradigmático corresponde a la concepción de familia y la posibilidad de formar una independientemente de la preferencia sexual o de género.

Como se puede observar, la autodeterminación para desarrollar una personalidad y una vida digna tiene implicaciones éticas profundas y, ahora, sustento legal dentro de la incipiente Constitución de nuestra Ciudad para decidir sobre el tipo de vida que una persona quiere seguir, la forma en que querrá terminar dicha vida, la capacidad de las mujeres para decidir sobre el control de su función reproductora y la opción de formar una familia sin obstáculos derivados de una moral dogmática sino apoyada de argumentos provenientes de una reflexión ética sustentada en una base aceptable para todos los miembros de la sociedad, una verdadera Carta de Derechos de la Ciudad.