Victor López Velarde Santibáñez

Estudiante de Séptimo semestre de Derecho

de la Universidad Claustro de Sor Juana

 

La eutanasia y el aborto son procedimientos que aunque curiosamente ambos implican poner fin a la existencia de una vida -uno antes del inicio de ésta y otra al final- han tenido una recepción distinta dentro de la legislación mexicana, ya que a pesar de lo renuente que han sido ciertos sectores de la sociedad para reconocer dichas prácticas, el aborto cuando menos ha sido aceptado y regulado en las legislaciones de distintos estados, en tanto que la eutanasia sigue siendo prohibida en México a pesar que de una manera u otra, comparte implicaciones cuando menos parecidas con la interrupción del embarazo.

 

El aborto implica interrumpir de manera intencionada (aunque también puede ocurrir de manera accidental) el estado de embarazo acabando con la existencia del “producto”, que ya desde este punto podemos estar entrando en tema de debate dado que algunas corrientes aseguran que no se puede hablar de vida al menos durante el primer trimestre, en tanto que otras doctrinas señalan que desde el momento que el óvulo es fecundado ya hay manifestaciones de vida.

 

La eutanasia, por otro lado, consiste en un acto deliberado cuyo objetivo es terminar con la vida de un paciente por petición de éste, ya sea porque se encuentra en fase terminal o porque está padeciendo una enfermedad incurable que le repercute dolores insufribles. Curiosamente, es la vida lo que ha permitido defender la muerte inducida, ya que varios de los argumentos que defienden la eutanasia parten del derecho a la vida, autonomía y autodeterminación.

 

Evidentemente, se entiende que lo más deseable es evitar que se tenga que recurrir a tales procedimientos y que no sean más que una última estancia cuando no queda otra alternativa, pero hay que resaltar que por muy frívolo que pueda leerse esto, a veces tanto eutanasia y aborto son las salidas más óptimas ante panoramas más desoladores y que atentan en mayor medida contra la dignidad humana.

 

El aborto nunca ha sido un tema fácil puesto que conlleva a que se confronten diferentes posturas  ideológicas con factores jurídicos, culturales  y sociológicos de por medio; se trata de una de las decisiones más difíciles que puede llegar a tomar una mujer por las implicaciones que puede tener esto en  su vida personal o familiar, por lo que si ya de por sí el panorama no es sencillo, imaginemos el impacto que puede tener el aborto en la clandestinidad cuando es un procedimiento que requiere atención médica y psicológica, algo que es imposible cuando el procedimiento es ilícito en diversos lugares.

Aunque durante mucho tiempo el aborto fue un tema tabú en diversas sociedades, con el  progreso  y avance de los derechos humanos así como una legislación cada vez más  abierta al derecho internacional, diversas sociedades han procurado aterrizar la interrupción del embarazo en sus legislaciones y México es una de ellas.

 

Uno de los ejemplos más notables es la Ciudad de México, que quizá muestra una faceta   más progresiva respecto al tema en comparación con la legislación de los demás estados. Durante el año 2007 se hicieron reformas a los artículos del 144 al 147 del Código Penal del entonces Distrito Federal  así como adiciones a los artículos 16 Bis 6 y 16 Bis 8 de la Ley General de Salud de dicha entidad. El objetivo de tal reforma fue que se considerara que el aborto se lleva a cabo solo si se realiza después de la semana doce, si antes de ese periodo se interrumpe el embarazo no se está incurriendo en el delito de aborto.

 

De una manera u otra, esta redacción permite que durante el primer trimestre, cualquier mujer que desee interrumpir su embarazo pueda hacerlo de manera lícita sin que se le impute delito alguno. Sin embargo, el progreso alcanzado en Ciudad de México parece haberse quedado atrapado en los límites de la capital mexicana dado que es la única entidad federativa en que el aborto es legal, pues la situación en los demás estados no es tan reconfortante ni avanzada respecto al tema.

 

Todos los códigos penales de los 31 estados restantes consideran el aborto como un delito salvo que se presente un supuesto: que el embarazo haya sido producto de una violación, aunque incluso cada estado pone distintas reservas o limitantes para este segundo supuesto, ya que algunos códigos establecen que el aborto en caso de violación deberá practicarse antes de que se cumplan 90 días de gestación.

 

Dicha excepción es la única presente en TODOS  los códigos de los 32 entidades que componen la República Mexicana (incluso la prevé el Código de la CDMX cuando se interrumpe el embarazo después del primer trimestre), aunque algunos estados  contemplan algunos otros supuestos en que el aborto no es delito  en caso de que se presenten tales situaciones.

 

Todas las entidades excepto Chihuahua, Chiapas, Nuevo León, Tabasco y Tlaxcala consideran que si el aborto sucedió de manera accidental o por conducta imprudente de la mujer, éste no será considerado como delito. Así mismo, de 32 entidades, 28 prevén que el hecho de que el embarazo presente un riesgo para la salud de la embarazada o que pueda producirle la muerte sea una causa de exclusión para que el aborto no sea penalizado, aunque varios códigos indican que el riesgo debe ser dictaminado por al menos dos médicos diferentes.

 

Hay algunos casos un tanto particulares, por citar algunos de ellos: solo en CDMX se considera que si existe evidencia de que el embarazo pueda producir daños físicos o psicológicos, el aborto no se considerará delito. Vale la pena destacar que 10 entidades de las 32 que componen la república permiten que se interrumpa el embarazo si el feto presenta alteraciones genéticas o congénitas siempre que la mujer lo consienta. Por su parte, Oaxaca y Puebla son los únicos estados que despenalizan el aborto si éste se debe a causas eugenésicas graves.

 

Otras situaciones excepcionales se incluyen  en el Código Penal de Michoacán cuyo artículo 146 indica que si el aborto se lleva a cabo debido a situación económica precaria de la embarazada tampoco será motivo de castigo. Yucatán presenta también una situación cuando menos peculiar,  ya que el artículo 393 de su Código Penal indica que se puede interrumpir el embarazo sin que se produzcan consecuencias legales siempre y cuando la embarazada padezca situación económica precaria, pero tenga cuando menos 3 hijos (una redacción que no solo es violenta, sino que de alguna manera transgrede los derechos humanos y derecho a la autodeterminación de la embaraza).

 

Una vez analizado el contexto legal del aborto en la República Mexicana, lo ideal sería confrontarlo con la legislación en lo que respecta a eutanasia; desafortunadamente esto no es posible dado que a la fecha la muerte inducida está prohibida en México y por lo tanto no hay un cuerpo legal que la avale al respecto.

 

Vale la pena hacer una declaración en este punto para evitar confusiones. La eutanasia solamente ocurre cuando el médico, a petición de su paciente, realiza una acción que termina con la vida de este último. Muchas veces se le ha atribuido el termino de eutanasia pasiva al hecho de que el medico deja de tratar al paciente (práctica denominada en varios países como “dejar morir”) de modo que la falta de tratamiento termine desembocando en su deceso. Algunos países han tratado de equiparar el derecho a dejar morir o interrupción de la atención médica como equivalente a la eutanasia,  que aunque bien se puede considerar como un precedente rumbo a la aceptación del suicido asistido en dichas legislaciones, tanto la comunidad médica como expertos en bioética aseguran que la eutanasia solo existe cuando el médico interviene para terminar con la vida de un paciente, no cuando se le suspende el cuidado médico.

 

En efecto, contrario a lo que sucede con el aborto que ya ha sido abordado por los órganos legislativos de distintos países, la eutanasia sigue siendo un tema renuente para varia naciones. Es curioso que a pesar de que tanto aborto como suicidio asistido impliquen interrumpir la vida de manera intencional, sea más difícil regular la eutanasia quizá por el hecho de que a diferencia de la interrupción de embarazo, en este caso es indiscutible que se está acabando como una vida humana con personalidad jurídica plenamente desarrollada, algo que tratándose de un ente no nacido no queda del todo claro.

 

La implementación de la eutanasia es un asunto relativamente reciente en diversos países; siendo Holanda uno de los estados que dio los primeros pasos dado que despenalizó este procedimiento desde el año 2001. Vale la pena destacar que para que se conceda acceder al suicidio asistido se deben cumplir ciertos requisitos muy estrictos, de modo que pacientes que padecen depresión, problemas psicológicos o cualquier padecimiento que pueda ser tratado no accedan a este procedimiento o lo tengan a la mano.

 

Holanda, Suiza, Uruguay, Colombia, Bélgica y Japón, que son países que permiten la eutanasia concuerdan en mayor o menor medida que  para que se determine que a una persona se le puede aplicar este procedimiento, sin que se castigue legalmente al médico que lo lleve a cabo, tiene que haber sido solicitado por el paciente de manera reiterada (esto para asegurar que no se trata de una idea pasajera) y que el médico determine que la situación de éste sea dolorosa e irremediable. Aunque cada legislación presenta algunos variantes, en general todos comparten los supuestos previamente mencionados (aunque por ejemplo, algunos de esos países indica que el paciente tiene que estar forzosamente en situación terminal, en tanto que otros no piden necesariamente que se cumpla tal condición).

 

En otros escenarios, aunque solo en los países previamente mencionados la eutanasia es lícita, otras naciones de manera más tenue reconocen el llamado derecho a rechazar asistencia médica o lo que comúnmente se le llama derecho a “dejar morir”, que podría ser el equivalente más afín al suicidio asistido.

 

Albania, Argentina, España, Estados Unidos (en algunos estados) , Israel, Gran Bretaña y Francia son países que reconocen tal facultad, partiendo de la premisa que el continuar con un tratamiento es irracional al prologar el sufrimiento del paciente o mantenerlo artificialmente con vida, por lo que suspender el tratamiento es la manera más optima de proteger la integridad física, psicológica y emocional del paciente. Cada país regula el procedimiento de manera diferente y así mientras la Ley de los Derechos de los Pacientes Terminales de Albania o el Mental Capacity de Gran Bretaña son más flexibles, la Ley de Autonomía del Paciente de España y la Ley 2005 de Francia establecen restricciones parecidas a la de la eutanasia para que alguien sea candidato a la suspensión del tratamiento médico.

 

El caso de México es más parecido al segundo grupo que al primero, ya que como se mencionó antes, la eutanasia es ilegal en el país, pero al menos en la Ciudad de México con la Ley de Voluntad Anticipada de la entidad y tras unas modificaciones a su Código Penal, está permitida la ortotanasia; que no es más que una adaptación de lo que se le conoce como eutanasia pasiva o “dejar morir”. Este mecanismo solo procede como última estancia y ante circunstancias graves en que el paciente no tiene posibilidades de curarse y padece dolores insufribles que no pueden ser curados de otro modo (aunque se excluyen ciertos padecimientos), permitiendo que renuncie a cualquier tratamiento sin que se sancione al médico titular.

 

Tras poner estos parámetros sobre la mesa contrastando la legislación de los estados de la república respecto a aborto y la situación legal en materia ¨muerte inducida “en México respecto a otros países, podemos entender el porqué son temas polémicos de aterrizar al derecho. Los principales argumentos con los que se han obtenido ciertos avances respecto a estos temas parten sobre el derecho a la autodeterminación y dignidad humana.

 

En caso de la  eutansia es más fácil identificar la premisa de dignidad humana, dado que en el entendido que todo ser humano tiene derecho a una vida plena, es lógico que una enfermedad incurable y que produce dolores insoportables de quien la padece merma la capacidad de disfrutar este derecho, por lo que incluso se percibe que la interrupción del tratamiento no es la vía más óptima para resguardar la integridad del sujeto. Claro que es preferible  a que se insista en mantenerlo de manera forzosa y casi artificial con vida dado que es un modo de evitar que esta situación se prolongue, lo lamentable es que en esta situación no se está aliviando del todo el padecimiento del sujeto dado que seguirá sufriendo en tanto que la muerte tarde en llegar (lo cual puede ser de manera instantánea o prolongarse indeterminadamente de modo que el paciente se sumerja en el llamado “encarnizamiento terapéutico ” ). La eutanasia es la única medida que garantiza preservar la dignidad humana de la persona lo más intacta posible de cara a la muerte.

 

Con aborto el preámbulo de dignidad humana quizá puede verse un poco más complicado, ya que el argumento por excelencia con el que se defiende el procedimiento es la libre determinación sobre el cuerpo de la embarazada;  puesto que se ha criticado que se decide por encima de otra vida mientras que en el caso de la eutanasia uno decide por su propia vida, pero a fin de cuentas es una vida que no existe sin los elementos que aporta el cuerpo de la embarazada. No podemos decir que nuestra legislación ofrezca la protección más amplia cuando por ejemplo tenemos un caso como el de Baja California Norte  que establece la excepción de que el aborto no se penaliza cuando el embarazo fue causado por una violación, pero solo si los hechos fueron previamente denunciados.

 

La bioética ha defendido el aborto a partir de las bases de la neurociencia que demuestran que no es lo mismo hablar de vida que de vida humana, ya que aunque parezca pleonasmo, ésta última solo la poseen los seres humanos y está científicamente comprobado que previo a las 12 semanas de embarazo,  al  embrión no se le puede considerar un ser humano puesto que no posee las distinciones que lo definan como tal.¿No es más grave entonces criminalizar y definir como asesinato un acto que probablemente no lo sea?. Las implicaciones emocionales y psicológicas ya son severas como para que la sociedad asigne esa etiqueta para siempre.

 

La reforma a partir de la cual se legalizó el aborto es constitucional y se apega a lo estipulado por el Artículo  Primero Constitucional que tutela el derecho a la vida y a no ser discriminado, así como el  Articulo Cuarto que versa sobre la libertad para decidir libremente el número y esparcimiento de hijos que sea desea tener. De un modo u otro, el forzar a una mujer a tener un hijo no deseado sería una manera de discriminación basada en prejuicios morales y sociales, por lo mismo que negarle acceso a atención médica para que pueda interrumpir el embarazo de manera óptima. La mayoría de países de la comunidad internacional han legalizado el aborto si ocurre durante el primer trimestre y en varios de ellos, éste debe practicarse por el simple hecho de haber sido solicitado por la mujer, cuestión en la que México aún se mantiene un tanto rezagado.

 

Aunque con ligeras variaciones, la eutanasia ha sido defendida a partir del derecho a la autonomía vital sin el mismo éxito respecto del aborto, dado que son pocos los países de la comunidad internacional que la reconocen plenamente en sus legislaciones. Se podría entender que así como una embarazada tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, del mismo modo un enfermo en situación grave debe poder decidir respecto a un tratamiento al que será sometido y qué tanto está dispuesto a soportas las implicaciones de éste (esto se ve reforzado en la lógica de la voluntad anticipada), a fin de cuentas, la persistencia por mantenerlo con vida es una manera de mermar su dignidad humana  e integridad personal.

 

Aunque durante mucho tiempo el derecho se mostró renuente a poner estos temas sobre la mesa, es necesario replantear y modificar incluso a nivel social la percepción que se tiene de aborto y eutanasia de modo que en vez de concebirlos como procedimientos que atentan contra el derecho a la vida, se conciban como una manera de privilegiar este derecho y procurar que los seres humanos mantengan intacta su dignidad humana aun cuando estén atravesando momentos que pueden llegar a poner a prueba su propia fortaleza.

 

**Las opiniones aquí expresadas, son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura del Colegio de Bioética, A.C.