Patricio Santillan Doherty.

Hace unos meses fue publicado el Decreto que modifica la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal (Julio 27 de 2012). Desde su aparición en el 2008, esta Ley fue criticada en una serie de debilidades que presenta (http://colegiodebioetica.org.mx/wp/links-laterales/voluntad-anticipada/).

Las modificaciones publicadas actualmente poco resuelven las problemáticas identificadas hace cuatro años y ahora introducen otras de manera injustificada e innecesaria.

El primer problema comienza con la definición que se establece de Voluntad Anticipada como “…instrumento, otorgado ante Notario Público, en el que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales, manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos, que propicien la Obstinación Terapéutica” (sic).

Los testamentos vitales se definen habitualmente como aquellas declaraciones acerca de la forma en que un sujeto, ante el supuesto de encontrarse real o anticipadamente en una situación de enfermedad crónica irrecuperable, desea que se maneje su proceso de muerte, acepta o rechaza medidas de soporte vital cuando no haya expectativas de recuperación, y solicita medidas de cuidado y tratamiento adecuado del dolor.

La complejidad médica cotidiana genera una gran cantidad de situaciones  específicas donde estas directrices resultan muy importantes y que deben sustentarse en el respeto a la autonomía del paciente cuando los principios de beneficencia/no maleficencia se tornan difíciles, si no imposibles, de cumplir. Así, encontramos referencias explícitas a la aceptación o rechazo de tratamientos médicos como quimioterapia, ventilación mecánica, reanimación cardiopulmonar, etc., aplicables para enfermedades concretas, como el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal crónica terminal, el sida y las enfermedades neurodegenerativas, entre otros.

Poco de esto se lee en la definición de la Ley pero, eso sí, justifica todo a evitar una supuesta “Obstinación Terapéutica” normalizada. Sin duda existen casos en donde el celo profesional (por diversas razones) lleva al médico a mantener tratamientos fútiles, pero proponer la existencia de una Obstinación Terapéutica sistemática en los servicios de salud del país me parece, a lo menos, un despropósito injustificado y lesivo a la relación que debe entablar cada paciente con su médico.

Por otro lado, una preocupación más aparece cuando se menciona en el artículo 25 que “…El personal de salud a cargo de cumplimentar lo dispuesto en el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato y lo prescrito en la presente Ley, cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en su aplicación.”

Este artículo deja entrever una concepción errónea sobre la planificación anticipada de las decisiones médicas al final de la vida, y al mismo tiempo un desconocimiento de la objeción de conciencia.

Una palabra clave en esta cuestión de las voluntades anticipadas es ‘voluntad’, y precisamente la del actor primordial, el/la paciente. En otras palabras, que los ciudadanos (antes que pacientes) puedan ejercer su derecho de autonomía al tomar decisiones en situaciones que pueden darse ante cualquier tipo de enfermedad grave e irreversible.

Las creencias religiosas o convicciones personales de los trabajadores de la salud nada tienen que ver y su argumentación resulta inaceptable. Esta es la principal crítica que puede establecerse al Artículo 25 de la Ley del Distrito Federal (cuya figura, paradójicamente, no aparece en la publicación del reglamento). En primer lugar, la planificación anticipada atañe precisamente a la voluntad del sujeto que la realiza o establece en pleno uso de su autonomía. Es, bajo otra visión, una especie de extensión del Consentimiento Informado que protege la autonomía de las personas en relación a la aceptación o no aceptación de procedimientos y tratamientos médicos.

Los factores reales que determinan el cuidado que un médico debe a su paciente son: a) los deseos del paciente expresados voluntariamente (consentimiento informado y, en el caso que nos atañe, la voluntad anticipada); b) el conocimiento científico (la praxis médica aceptada); c) la distribución justa/equitativa de recursos finitos; y d) lo establecido por las leyes vigentes. Los valores personales de una médica, un médico o del resto del personal del sistema de salud no determinan los cuidados médicos que requieren los pacientes. Si yo, como paciente, tomo la decisión de no acceder a quimioterapia, a ventilación mecánica, a hemodiálisis o a alguna intervención quirúrgica que no deseo, por más que esta negativa ponga en riesgo mi vida, la ley me protege en mi decisión y me asiste la razón ética.

En otras palabras, aducir la llamada “objeción de conciencia” daña el interés del paciente al negarle su voluntad libremente expresada sobre cómo quiere que se desarrolle el proceso final de su vida, su propia muerte.

Entre los deberes médicos figura tanto el conocimiento del documento y de su contenido así como la obligación de aceptarlo y de tenerlo en cuenta en la toma de decisiones. Lo que se solicita del médico a través de la voluntad anticipada es precisamente respetar los deseos del enfermo; se le solicita dejar de hacer o no iniciar acciones que tal vez como médico tenía contempladas y, por otro lado, valorar la posibilidad de iniciar el manejo paliativo de la situación bajo el protocolo de lo que se conoce como sedación paliativa.

Las voluntades anticipadas establecen límites al tratamiento, por más que éste pueda alargar la  supervivencia del paciente. El respeto a la voluntad de un sujeto capaz constituye un comportamiento ético aceptable y, además, una obligación jurídica por lo que el profesional tiene que saber que podría incurrir en responsabilidad ética y jurídica precisamente si actuara en contra de la voluntad del paciente a través de la figura muy cuestionable de objeción de conciencia.

Es por estas razones que parece innecesaria, y alguno podrá decir que incluso absurda, la aparición de la figura de la “objeción de conciencia” dentro de la Ley de Voluntades Anticipadas del D.F.

La mejora de la calidad técnica, ética y humana de la atención a los pacientes y sus familias bien merece el esfuerzo conjunto de todos profesionales involucrados para evitar que lo que es una buena oportunidad se degrade a la burocracia de un papel firmado que en un momento dado puede ser soslayado por aquel o aquella que sienta desagrado por la situación.

  1. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal. No. 1404.  27 de Julio de 2012.
  2. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal. No. 1442.  19 de Septiembre de 2012.