Alma Luz Beltrán y Puga

Marzo de 2012

La reforma constitucional sobre laicidad y libertad de religión es una reforma significativa y simbólica para el país, sobre todo en el ámbito de la bioética. La bioética se ha preocupado por identificar los principios éticos básicos que deben informar la investigación e intervención sobre la vida humana en las ciencias médicas y tecnológicas. Así, los principios de la bioética se fundan en la laicidad, porque respetan la pluralidad de creencias y la tolerancia hacia las distintas religiones y convicciones personales. La bioética tiene una relación importante con las Repúblicas laicas.

La inclusión del adjetivo “laica” en el artículo 40 de la Constitución imprime otra característica dentro de las cualidades de la República mexicana (democrática,  representativa y federal) enumeradas en dicho artículo.  Esta reforma se acompaña de otra al artículo 24 constitucional para establecer el derecho de toda persona a la libertad religiosa, de conciencia y de convicciones éticas, estableciendo que dicha libertad incluye el derecho a participar en actos religiosos tanto en lo público como en lo privado y la prohibición de utilizar actos públicos religiosos con fines de proselitismo o propaganda política.

Aunque han votado a favor de ella, algunos senadores han considerado esta reforma como “innecesaria.”  Otros más la han tachado de “vergonzosa” y carente de sentido. Sin embargo, dicha reforma parece oportuna para repensar el espacio (más que el Estado) laico actual.  Si algo hay rescatable de la reforma, es el debate público que la misma ha generado. A pesar de que los debates legislativos poco aportan al esclarecimiento de lo que significa la laicidad y las obligaciones del Estado para promoverla, respetarla y garantizarla, resulta significativo que se refuerce el carácter laico de la nación en aras de reconocer el pluralismo religioso y de conciencia de una también plural ciudadanía mexicana.

La laicidad supone la neutralidad y tolerancia del Estado respecto de las múltiples creencias y manifestaciones religiosas de un país. El Estado no puede otorgar privilegios, favorecer a cierta iglesia, o actuar en contra de alguna, como lo establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

En este sentido, las consideraciones del Dictamen del Senado que sustentan la reforma reafirman la naturaleza laica de la educación, establecida en el artículo 3º constitucional, misma que “deberá mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa”, y el rechazo a la difusión estatal de ritos y prácticas de culto religioso (dos de las pretensiones de la iniciativa original presentada en la Cámara de Diputados). De igual manera, se establece que la reforma no pretende menoscabar otras libertades fundamentales, como la libertad de trabajo (artículo 5º), el histórico principio de separación de iglesia y Estado ni los derechos de las asociaciones religiosas (artículo 130). En otras palabras: las antiguas libertades religiosas se dejan intocadas. No dejarán las escuelas públicas de ser seculares, ni el Estado difundirá en medios de comunicación mensajes religiosos de ningún tipo. También conservarán las iglesias su personalidad jurídica y los obispos y sacerdotes su derecho a ejercer cultos y manifestar sus credos.

Entonces, ¿cuáles fueron las modificaciones sustantivas a la Constitución? ¿Y qué implicaciones tienen para la bioética? Si bien la reforma fue casi una calca del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece el derecho a la libertad de pensamiento, de religión y de conciencia tanto en el ámbito público como en el privado, una cuestión novedosa es la inclusión de la libertad de convicciones éticas. El artículo 29 de la Constitución ya reconoce la libertad de conciencia, y lo cataloga junto con la libertad de pensamiento y de religión como un derecho imposible de suspender. Por lo tanto, lo único novedoso fue el reconocimiento de las convicciones éticas como libertad fundamental.

Sin embargo, tanto la libertad de conciencia como las convicciones éticas atraviesan el campo de la bioética y necesitarán ser reglamentadas en las leyes secundarias para evitar que se vulneren otros derechos humanos. La libertad de conciencia supone el derecho de las personas de expresar sus convicciones personales, de actuar conforme “a su conciencia”.  Tradicionalmente, la libertad de conciencia ha estado vinculada tanto con la libertad de religión como con las convicciones éticas, ya que una persona puede fundar sus actos de conciencia basándose en creencias religiosas o en convicciones éticas personales. Términos que ahora esta reforma constitucional diferencia y que tocará a los tribunales definir cuando se presenten conflictos con otros derechos. Por ejemplo, en el ámbito de la salud reproductiva, si bien existe un derecho de los médicos de los hospitales públicos a la objeción de conciencia para practicar la interrupción legal de un embarazo, este derecho se encuentra limitado. No se puede ejercer de forma institucional, ni tampoco si la vida o la salud de la mujer embarazada se encuentra en peligro. En los demás casos, se debe referir a la mujer con un médico no objetor. El Distrito Federal y Jalisco son los dos estados de la República que tienen regulada la objeción de conciencia en sus leyes de salud.

Las convicciones éticas tendrán también que tener límites valorativos. Entendidas dentro del marco de tolerancia hacia las diferencias y pluralismo religioso que caracteriza a las Repúblicas laicas y democráticas –como la nuestra—, estas convicciones tienen que reflejar un consenso sobre valores éticos para alcanzar una vida digna y autónoma.  Es decir, los principios de autonomía, dignidad y no discriminación (principios de derechos humanos) deben ser el piso común sobre el que se sustenten las convicciones éticas, especialmente de los servidores públicos que las pretendan hacer valer en el campo de la medicina y la salud.  A partir de esta reforma, será importante revisar los códigos de ética y los comités hospitalarios de bioética de los hospitales públicos para garantizar los derechos humanos de todas las personas, sobre todo de las mujeres usuarias de los servicios de salud –quienes son las que frecuentemente se ven obstaculizadas por razones “éticas” para tomar decisiones informadas sobre su reproducción y el ejercicio de su sexualidad.

La laicidad y la bioética van de la mano. Un Estado laico no tiene una religión oficial: respeta el ejercicio de todas las creencias religiosas por igual, incluso de las no religiosas. Por ello la importancia  de reconocer la libertad de conciencia. Un Estado laico también garantiza las convicciones éticas de todas las personas, siempre y cuando respeten los derechos humanos y se funden en principios de autonomía, dignidad y no discriminación.