Mireya Castañeda

Septiembre de 2011

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo una de las principales reformas en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación. La reforma modificó la denominación del Capítulo Primero, Título Primero: “De las garantías individuales” a “De los derechos humanos y sus garantías” y once de sus artículos.

Como antecedentes muy generales de los derechos humanos me permito citar tres momentos: 1) el reconocimiento entonces de los llamados “derechos del hombre” en la Declaración francesa de 1789; 2) su protección en los ordenamientos constitucionales, en México la podemos identificar claramente en el primer capítulo de la Constitución de 1857; y 3) su protección internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, base de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se desarrollarían progresivamente. El cambio de los “derechos del hombre” a “derechos humanos” tuvo lugar gracias a la participación de Eleanor Roosevelt, quien propuso dicha denominación por ser neutral.

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, en su art. 2.1 a), define como un “tratado” “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. Me parece de importancia distinguir, en principio, entre los tratados internacionales (en general) que establecen derechos y obligaciones para las partes que intervienen en él, de los tratados internacionales de derechos humanos que establecen obligaciones para los Estados partes de respetar los derechos de las personas que se encuentran dentro de su jurisdicción y que surgieron a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual no es un tratado sino una resolución de Asamblea General de Naciones Unidas.

Asimismo, hay que distinguir entre un tratado internacional, sobre cualquier materia o sobre derechos humanos, de las Declaraciones (vg. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos), porque el término “Declaración”, se usa, a menudo deliberadamente, para indicar que las partes no desean establecer obligaciones vinculantes sino simplemente dan a conocer determinadas aspiraciones. Las Declaraciones no siguen el procedimiento de formalización de un tratado, en México, por ejemplo, ser firmado por el Ejecutivo y ratificado por el Senado.

Los tratados internacionales se rigen por ciertos principios, como son los siguientes: 1) Pacta sunt servanda, la Convención de Viena en su numeral 26, lo define como: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”; y 2) Res inter alios acta es el principio que indica que los tratados sólo crean obligaciones entre las partes.

Un Estado parte de un tratado internacional puede establecer reservas, que son “una declaración unilateral formulada por un Estado con el propósito de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de un tratado”. Se realiza al momento de la manifestación del consentimiento, es decir, de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al tratado. También existe una práctica de establecer “Declaraciones Interpretativas”, las cuales no siguen las reglas de las reservas y que se pueden definir como: “cualquiera [que] sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional, con el objeto de precisar o aclarar el sentido o el alcance que ese Estado o esa organización internacional atribuye al tratado o algunas de sus disposiciones“. Ambas figuras pueden ser retiradas por los Estados partes. Un ejemplo de lo anterior la podemos localizar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde el Estado Mexicano había formulado dos Declaraciones Interpretativas y una reserva. Las declaraciones interpretativas fueron: 1) “Con respecto al párrafo 1 del Artículo 4, considera que la expresión “en general”, usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento de la concepción” ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados”; y 2) “Por otra parte, es el concepto del Gobierno de México que la limitación que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todo acto público de culto religioso deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, es de las comprendidas en el párrafo 3 del Artículo 12”. De ellas la 1 continúa vigente, pero la 2 fue retirada el 9 de abril de 2002. La reserva relativa a la prohibición del voto y asociación con fines políticos de los ministros de culto continúa vigente.

Por otro lado, en México, el artículo 133 constitucional, el cual con cambios de redacción recogió el texto del artículo 126 de la Constitución de 1857, contempla: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión”. El referido artículo fue interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ocasiones. La última de ellas en 2007 en donde se indicó la supremacía constitucional, jerarquizó a los tratados internacionales en segundo lugar y en tercero a las leyes.

Con la reforma constitucional que motiva el presente escrito se modificó el artículo primero, del que sólo me referiré a sus dos primeros párrafos, indica: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. Con la modificación al párrafo citado se cambió: 1) el término “individuo” por “persona”, con el objeto de utilizar un lenguaje neutral que pueda emplearse tanto para hombres, como para mujeres; 2) el verbo “otorgar” por “reconocer”; 3) la denominación “garantías individuales” por “derechos humanos”, con el propósito de evitar confusiones y utilizar la denominación internacionalmente reconocida; y 4) hacer referencia expresa al reconocimiento de derechos humanos hecho en tratados internacionales. Asimismo, en el segundo párrafo incorporó: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. En este segundo párrafo se incorporó el principio pro persona. Este principio consiste en que ante dos normas, en este caso constitucionales y las de un tratado internacional, se aplicará la que brinde una protección más amplia a la persona. Me parece que este cambio de un criterio de jerarquizar a las normas a utilizar el principio pro persona constituye un gran avance; sin embargo, los retos aún son muchos y deberá comenzarse desde la difusión de los tratados fundamentales en materia de derechos humanos.

Algunos de los tratados en materia de derechos humanos que México es parte son los siguientes: Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos vinculantes para México desde 1981 y el Protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales conocido como “Protocolo de san salvador” en vigor desde 1999.

Una tarea que continúa pendiente será desarrollar la recepción de los tratados en materia de derechos humanos en las leyes, en las sentencias, en las políticas públicas y primordialmente desarrollar una cultura de respeto a los derechos humanos. Vale la pena observar, lo que ha ocurrido en otros países, que no por reconocer el más alto rango a los tratados internacionales de derechos humanos, es sinónimo de un respeto, en la propia Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, pero más aún en la aplicación de las normas y respeto de los derechos humanos.