Gustavo Ortiz Millán

 Marzo de 2011.

La reforma legislativa que en 2007 despenalizó en el DF en el primer trimestre de gestación y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en agosto de 2008 desencadenaron una reacción conservadora y en sentido contrario al de la reforma en varios estados de todo el país. De entonces a la fecha, los congresos de diecisiete estados han aprobado reformas a las constituciones estatales que incluyen un apartado que considera el derecho a la vida desde el momento de la concepción como el principal de todos los derechos. Este derecho, nos dicen, debe reconocerse y protegerse. Proponen sus reformas diciendo que están “a favor de la vida”, con lo cual quien se oponga a ellas parece estar “en contra de la vida”.

Como reacción a esta reacción antiaborto, la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. El tema está actualmente en estudio por los ministros de la Corte. Sin embargo, aunque el mensaje de la Corte en agosto de 2008 fue claro y contundente (en una votación de ocho contra tres) a favor de la despenalización del aborto en las primeras doce semanas de gestación en el DF, los diputados estatales han logrado darle la vuelta a esta decisión. Ha sido una medida muy pensada la de estos legisladores, pues aparentemente legislaron por una causa noble (proteger la vida desde la concepción), pero su intención es obstaculizarle a las mujeres el ejercicio de sus derechos reproductivos.

Estas reformas tienen varios problemas que la SCJN debería tomar en cuenta al decidir sobre su constitucionalidad. Quiero mencionar algunos, aunque puede haber más: 1) A pesar de que las leyes antiaborto dicen defender el derecho a la vida desde la concepción, parecen dar por sentado que hay una única forma de entender el término “concepción”. ¿Qué es y cuándo ocurre la concepción? Según la Dra. Raffaela Schiavon, ni siquiera las distintas asociaciones médicas se ponen de acuerdo acerca de cuándo ocurre o cómo definir la concepción. ¿Ocurre en el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo? ¿Concepción es igual a fecundación? ¿O más bien la concepción ocurre cuando el óvulo fecundado se implanta en el endometrio? Si es el primer caso, habrá que tener en cuenta que naturalmente se pierden 40% de los óvulos fecundados y resulta difícil saber cómo se les puede protege.

Una consecuencia de estas reformas es que, a menos que se especifique exactamente en qué consiste la protección del derecho a la vida desde la concepción, estas reformas constitucionales proscribirían la fecundación in vitro, pero también el diagnóstico prenatal. También ponen en riesgo el uso del dispositivo intrauterino o DIU (cuyo mecanismo anticonceptivo impide la implantación del óvulo fecundado) y que es uno de los métodos más usados por las mujeres en México. Finalmente, estas reformas prohíben realizar investigación en embriones no implantados o en células embrionarias que actualmente se usan en investigaciones biomédicas, por ejemplo, para regeneración de órganos y tejidos. Tendríamos que considerar esas células como “personas”, lo cual es absurdo. Si estas leyes antiaborto permanecen, México dará un paso atrás en la investigación con células embrionarias.

2) Las reformas a las constituciones estatales se oponen al artículo 4 de la Constitución federal, que afirma: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el numero y el espaciamiento de sus hijos”, es decir, garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre si tener hijos o no, cuántos hijos tener y en qué momento.

3) Estas reformas se oponen a tratados internacionales que ha firmado México. Actualmente se encuentra en discusión en el congreso una reforma constitucional en materia de derechos humanos que pondría a los tratados internacionales a la par de la Constitución. Las constituciones estatales tendrían que ajustarse a los tratados internacionales que ha firmado México.

Así, las leyes antiaborto aprobadas por los congresos estatales se oponen, por ejemplo, a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), firmada por nuestro país en 1981. La CEDAW señala a los Estados firmantes la obligación de derogar disponsiciones penales que constituyan formas de discriminación contra la mujer, así como a garantizar atención médica en materia de planificación familiar, entre otras cosas. La CEDAW también establece que “en la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos… [la penalización] de prácticas médicas que sólo requieren las mujeres, como el aborto, constituyen una violación del derecho a la igualdad”. Las reformas antiaborto van en contra de estos artículos y, por lo tanto, deberían rechazarse, si no se han aprobado, o derogarse, si ya se han aprobado. México no ha firmado ningún instrumento internacional del que siga la obligación de penalizar el aborto.

4) Finalmente quiero mencionar que si las reformas estatales presentan el derecho a la vida desde la concepción como el principal de todos los derechos, entonces habrá que recordarle a los legisladores estatales que la Constitución federal no reconoce la existencia de derechos absolutos o superderechos. La Constitución reconoce una pluralidad de derechos y no traza jerarquías entre ellos. La idea que manejan los congresos estatales de que el derecho a la vida es un derecho absoluto y que tiene una mayor jerarquía frente a otros derechos (a la libertad, la igualdad, la dignidad…) emana de una posición absolutista contraria a la Constitución federal. El derecho a la vida no es un superderecho que derrote otros derechos en situaciones de conflicto. Si bien el aborto puede verse como una situación en la que entran en conflicto dos derechos, el supuesto derecho a la vida desde la concepción del embrión y el derecho a decidir de la mujer, el primero no tendría por qué derrotar automáticamente al segundo. En situaciones de conflicto, los derechos deben ponderarse. Fue en un ejercicio de ponderación que la Corte reconoció que pesa más el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo antes de las doce semanas, como se estableció en el DF. Los congresos estatales no deberían tratar el derecho a la vida desde la concepción como un derecho absoluto o un superderecho. Creo que todo esto debería considerarse en el no muy remoto caso de que el Congreso federal quisiera modificar la Constitución federal para que incluya la protección del derecho a la vida desde la concepción.

Si estas observaciones son correctas, entonces habría razones para pensar que estas modificaciones a las legislaciones estatales son inconstitucionales.

Los congresos estatales que han modificado sus legislaciones han actuado básicamente presionados por la Iglesia católica, que repetidamente ha llamado a sus feligreses a votar por partidos que “estén a favor de la vida”. Ese llamado parece sólo preocuparse por la vida en gestación y no por la vida de las mujeres que gozan de los derechos que nuestras leyes ya les reconocen. Las legislaciones que protegen de manera absoluta la vida en gestación significan una pérdida para las mujeres, que por muchos años han visto escatimado el reconocimiento de sus derechos reproductivos, y por lo mismo son una pérdida para la igualdad entre hombres y mujeres en México; una pérdida para un Estado que se dice laico y que cada vez está más subordinado al poder de la Iglesia y, por lo mismo, es una pérdida para la democracia.