Dra. Asunción Álvarez del Río

 Mayo de 2010

El pasado 27 de octubre la Red Iberoamericana de Bioética celebró la jornada Bioética en un mundo globalizado. El caso de los derechos reproductivos en Iberoamérica, en Buenos Aires, Argentina. Esta red, que forma parte de la International Association of Bioethics (IAB), se creó para discutir los problemas de la región, pero además con la idea de hacerlo en el idioma de sus miembros, español y portugués. De esta forma el lenguaje deja de ser una barrera para expresarse, sobre todo cuando la red participa en los congresos internacionales de la IAB.

El Colegio de Bioética es una de las instituciones que coordina esta red y en esta ocasión lo representé hablando de lo que ha sucedido recientemente en México con relación al aborto: los avances y retrocesos que ha habido y la confrontación de posiciones que intervienen en el debate. Una situación que compartimos con muchos países, pero especialmente con los que forman la región Iberoamericana en donde la jerarquía católica cuenta con un gran apoyo político para ejercer su influencia. De ahí, la necesidad de revisar la relación entre creencias y derechos al discutir las políticas públicas sobre derechos reproductivos.

Veamos los hechos. El 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación y que incluye mecanismos para la impartición de servicios de salud adecuados, con lo cual se respalda el derecho de las mujeres a una maternidad libre, informada y responsable.

En mayo de 2007 el titular de la Procuraduría General de la República y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpusieron sendas demandas de inconstitucionalidad en contra de la reforma que despenalizó la interrupción del embarazo. Uno de los demandantes fue, nada menos, quien debía ocuparse de defender los derechos humanos. ¡Quedaba claro que los de las mujeres no le preocupaban!

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió las demandas y más de un año después (habiendo organizado una serie de audiencias para escuchar las opiniones de los que promovían la demanda, de los demandados y de la sociedad) ratificó la constitucionalidad de la ley.

Pero a este importante avance que ha permitido a más 29,000 mujeres interrumpir su embarazo en condiciones óptimas, siguió una respuesta en sentido contrario, muy preocupante. Entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009, se han modificado las Constituciones de quince estados de la República (16 con la de Chihuahua que se había modificado en 1994) para establecer jurídicamente que la vida humana comienza desde la fecundación o concepción. Además de impedir la libertad de las mujeres para interrumpir un embarazo, se derivan otras prohibiciones como la de investigar con células embrionarias, usar técnicas de fertilización in vitro, incluso, usar algunos métodos anticonceptivos. Para dejar claro el retroceso que todo esto significa, a principios del mes de junio de este año se registraban más de 250 mujeres presas en algunos de los estados que modificaron sus Constituciones.

En el debate sobre el aborto se supone que lo que está en conflicto es una confrontación de derechos. Por un lado, los de la mujer: su derecho a decidir si continúa o interrumpe un embarazo, su derecho a la salud y a la privacidad. Por el otro, el derecho a la vida del embrión o feto. Sin embargo, parece ser que en el fondo es otra la confrontación que impide avanzar en este debate: los derechos de la mujer, por una parte y las creencias religiosas de grupos con poder económico y político que confieren un valor sagrado y absoluto a la vida desde el momento de la fecundación o concepción.

Y lo que todavía añade más complejidad al debate es que las razones basadas en creencias religiosas, ahora se presentan con argumentos seudocientíficos. Al equiparar, en las modificaciones Constitucionales, el óvulo fecundado con una persona con todos los derechos legales, en lugar de decir que consideran que desde ese momento existe el alma (un asunto que sólo puede establecerse por fe y que nada más importa a los católicos), argumentan que el cigoto ya tiene el genoma humano completo e irrepetible, como si de eso dependiera ser persona. ¡Todas las células de nuestro cuerpo lo tienen, incluidas las que perdemos continuamente, como son las de la piel!

Que existan posiciones a favor y en contra con relación al aborto no es el problema porque en una sociedad plural las personas tienen diferentes creencias y valores. El problema surge cuando unos piensan que tienen la verdad y el derecho de imponer su visión a los demás. Pero esto es inadmisible en un Estado laico como lo es México. Se respetan las creencias religiosas personales, pero éstas deben mantenerse en el ámbito privado y de ninguna manera pueden influir en las políticas que aplican a toda la sociedad. Los legisladores, los funcionarios públicos y los políticos no pueden imponer su ideología religiosa pasando por encima del interés público y de los derechos de los ciudadanos.

La tolerancia que necesitamos es posible, pero es necesario exigir que no se confundan espacios que son muy diferentes: el de las creencias religiosas, personales y privadas, con el espacio público en que se deciden las leyes. Y si bien deben reconocerse las limitaciones de los creyentes para realizar algunas acciones, hay que subrayar que la despenalización del aborto sólo significa que pueden abortar, en las mejores condiciones, las mujeres que libremente lo decidan y que ninguna está obligada a hacerlo.

El cigoto, el blastocisto, el embrión y el feto tienen un valor especial por su potencialidad de dar origen a un nuevo ser humano. Por eso, a una mujer que desea un embarazo, le sobra y le basta, para empezar, con tener cualquiera de esas formas de vida en su útero, pero siguen siendo sólo eso, formas de vida humana que no se pueden equiparar a un ser humano. A quien le toca decidir si sigue adelante o no con ese proyecto de vida es a la mujer. Por eso, los derechos de la mujer, cuya vida es una realidad y no una posibilidad, están por encima de esas formas de vida.

Es inaceptable que en un Estado laico se utilice el aparato jurídico para imponer sobre las mujeres la moralidad de alguien en particular. El aborto es una decisión que debe respetarse porque las mujeres la deciden de acuerdo a sus valores y ética personales en una sociedad que reconoce la pluralidad y el valor de la libertad individual.